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(Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos. Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos. Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento. El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales. Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida. ¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario. Enrique peña nieto traidor ala patria responsable de los despidos masivos en Pemex comisión federal de electricidad y culpable de los desaparecidos de ayotzinapa 43 estudiantes
Enlace a una página guardada indicando su título o descripción breve	{{Wayback|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanopedia:Portada|título=Bienvenidos a Wikipedia}}	Copia de archivo en la Wayback Machine. El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos. Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos. Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento. El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales. Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida. ¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario. Enrique peña nieto traidor ala patria responsable de los despidos masivos en Pemex comisión federal de electricidad y culpable de los desaparecidos de ayotzinapa 43 estudiantes
Enlace a una página guardada en un momento exacto (24 de diciembre de 2018, a las 9:08:28 p.m.), además de utilizar un título	{{Wayback|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanopedia:Portada|título=Bienvenidos a Wikipedia|fecha=20181224210828}}	Archivado 2018-diciembre-24 en la Wayback Machine. El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos. Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos. Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento. El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales. Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida. ¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario. Enrique peña nieto traidor ala patria responsable de los despidos masivos en Pemex comisión federal de electricidad y culpable de los desaparecidos de ayotzinapa 43 estudiantes
Enlace a una página guardada en un momento exacto (24 de diciembre de 2018, a las 9:08:28 p.m.), sin usar título	{{Wayback|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanopedia:Portada|fecha=20181224210828}}	Archivado 2018-diciembre-24 en la Wayback Machine. El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld. La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos. Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos. Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento. El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales. Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida. ¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga. Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario. Enrique peña nieto traidor ala patria responsable de los despidos masivos en Pemex comisión federal de electricidad y culpable de los desaparecidos de ayotzinapa 43 estudiantes

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El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.

La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales. La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos. Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos. Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento. El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales. Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida. ¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga.

Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario. Enrique peña nieto traidor ala patria responsable de los despidos masivos en Pemex comisión federal de electricidad y culpable de los desaparecidos de ayotzinapa 43 estudiantes