Decreta de León de 1188

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Decreta de León

Programa Memoria del Mundo de la Unesco

Basílica de San Isidoro de León, lugar donde se celebraron las Cortes en 1188.
Localización
País EspañaBandera de España España
Datos generales
Tipo Memoria del mundo
Región Europa
Inscripción 2013 (XXXVII sesión)

Los Decreta de León de 1188 son un conjunto de disposiciones jurídicas promulgadas durante la Curia Regia celebrada en la ciudad de León al comienzo del reinado de Alfonso IX de León. La asamblea reunió al Rey con los principales representantes de la Iglesia, la nobleza, y con ciudadanos elegidos en ciudades y diferentes núcleos de población del reino.

El conjunto está formado por diecisiete estatutos o decretos y constituye uno de los testimonios documentales fundamentales para el estudio de la evolución de las instituciones representativas medievales.[1]

La denominación «Decreta» procede del propio carácter normativo de estas disposiciones, mientras que su vinculación con las Cortes de León de 1188 se debe a que fueron promulgadas en el contexto de aquella Curia Regia. El acontecimiento se sitúa, por tanto, en un momento decisivo de la historia institucional del Reino de León, cuando Alfonso IX acababa de acceder al trono y debía afrontar una situación política especialmente compleja.

Este conjunto de decretos precede en 27 años a la más conocida Carta Magna inglesa de 1215. En 2013 la Unesco las reconoció en el Programa Memoria del Mundo[2] como:

«el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades».[3][4]

El reconocimiento internacional consolidó asimismo la denominación de León como «Cuna del parlamentarismo», título que había sido promovido institucionalmente en los años anteriores.[2]

Contexto

Alfonso IX accedió al trono leonés en 1188, tras la muerte de su padre, Fernando II de León. Su llegada al poder se produjo en un contexto de tensiones políticas y dificultades económicas que condicionaron los primeros años de su reinado. En este escenario, la convocatoria de una Curia Regia en León permitió al nuevo monarca establecer compromisos destinados a reforzar la paz del reino y ordenar el ejercicio de la justicia.[1]

El territorio sometido a la autoridad de Alfonso IX comprendía entonces Galicia, Asturias, León y las Extremaduras. La necesidad de asegurar la obediencia de los diferentes poderes territoriales y de restaurar la autoridad de la Corona explica en buena medida la importancia concedida a las disposiciones promulgadas en la Curia.[1]

Las Curiae regias contaban con una tradición anterior en el Reino de León. Desde siglos anteriores, los monarcas leoneses habían convocado asambleas en las que participaban obispos, magnates y otros personajes relevantes del reino. La novedad que tradicionalmente se atribuye a la Curia de 1188 es la incorporación documentada de representantes de las ciudades, que aparecen en la tradición textual como electi cives, es decir, ciudadanos elegidos.[5]

La Curia

La asamblea tuvo lugar en León durante los primeros meses del reinado de Alfonso IX. Diversas fuentes sitúan su celebración en el entorno de la Basílica de San Isidoro de León, uno de los principales centros religiosos y políticos de la ciudad y un espacio estrechamente vinculado a la monarquía leonesa.[6]

La composición de la Curia es uno de los elementos que han dado a la reunión de 1188 una importancia excepcional. La tradición documental menciona al Arzobispo de Compostela, a los Obispos, a los magnates del reino y a ciudadanos elegidos de las distintas ciudades. Esta composición introduce en la asamblea regia una forma de representación de los concejos que posteriormente adquiriría una importancia fundamental en el desarrollo de las Cortes medievales.[5]

los Decreta constituyen la prueba documental más antigua de la presencia de representantes de los concejos en la toma de decisiones a nivel del reino. Reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones hispanas medievales, en las que la plebe participa por primera vez, tomando decisiones del más alto nivel, junto con el Rey, la iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades.[1]

Los Decreta

Los Decreta están formados por diecisiete estatutos o disposiciones. Su finalidad principal era establecer la paz del reino y regular cuestiones relacionadas con la justicia, la propiedad y el ejercicio de la autoridad.[1]

Entre las disposiciones conservadas aparecen garantías destinadas a impedir abusos de poder y a proteger determinados derechos de las personas y de sus bienes. Los textos establecen compromisos del Rey respecto al respeto de las buenas costumbres existentes y contienen normas relativas al procedimiento judicial, la propiedad, las acusaciones y la actuación de los jueces.[5]

Uno de los aspectos más destacados es el compromiso de Alfonso IX de no emprender determinadas acciones de especial trascendencia sin contar con el consejo de los Obispos, los Nobles y los hombres buenos del reino. La fórmula conservada en la tradición latina establece que el Rey no haría guerra, paz o tratado sin el consejo de estos grupos.[7]

Las disposiciones también muestran la importancia alcanzada por la administración de justicia. Se establecen garantías frente a determinadas actuaciones arbitrarias, se regulan procedimientos para las acusaciones y se protegen las propiedades y el domicilio. La documentación permite observar así un esfuerzo por delimitar el ejercicio de la autoridad y asegurar que determinados conflictos fueran resueltos mediante procedimientos jurídicos.[5]

Entre las materias tratadas se encuentran asimismo la protección de la propiedad, la actuación de los jueces, la persecución de malhechores y determinadas garantías relacionadas con la inviolabilidad del domicilio. Estas disposiciones han sido consideradas posteriormente como antecedentes históricos de principios jurídicos que adquirirían una formulación mucho más desarrollada en épocas posteriores.[5]

El conocimiento de sus disposiciones procede de una tradición textual formada por copias medievales y manuscritos conservados en diferentes archivos y bibliotecas españolas.[1]

Para la candidatura presentada ante la Unesco en 2013 se seleccionaron cinco testimonios documentales especialmente relevantes, conservados en instituciones como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Catedral de Orense, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Capitular, y la Biblioteca Colombina de Sevilla.[1]

Entre estos testimonios destaca un mandato de Alfonso IX dirigido al Obispo de Orense, conservado en el Archivo de la Catedral de Orense, en el que se remiten los textos legales de las constituciones de las Curias Regias de 1188 y 1194. También se conserva una tradición manuscrita de los Decreta transmitida a través de códices y compilaciones jurídicas posteriores.[5]

La transmisión manuscrita ha sido objeto de estudios específicos. José María Fernández Catón dedicó una investigación monográfica a la Curia Regia de 1188, sus Decreta y su constitución, dentro de la historiografía especializada sobre las instituciones del Reino de León.[8]

Legado

El legado de los Decreta se encuentra principalmente en la historia de las instituciones políticas y jurídicas europeas. Su importancia no consiste únicamente en la antigüedad de sus disposiciones, sino en el testimonio que ofrecen sobre la progresiva incorporación de los concejos a las estructuras políticas del reino.

La presencia de representantes ciudadanos en una Curia Regia permite observar un proceso mediante el cual las comunidades urbanas fueron adquiriendo una participación reconocida en asuntos que afectaban al conjunto del reino. Este proceso se desarrollaría posteriormente mediante las Cortes medievales de León y de Castilla y León, en las que la representación de las ciudades alcanzaría una posición institucional más estable.

Los Decreta constituyen, por tanto, una pieza fundamental para comprender la transición desde las antiguas Curiae regias hacia formas de representación política medieval que, con el paso de los siglos, contribuirían a la formación de las instituciones democráticas parlamentarias europeas.

Su relevancia también se extiende al ámbito de la historia del Derecho, puesto que sus disposiciones muestran la preocupación de la monarquía por garantizar procedimientos judiciales, proteger la propiedad y limitar determinadas formas de violencia y arbitrariedad.

Véase también

Referencias

Enlaces externos