| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Archivero judicial (Argentina)
| Archivero judicial (Argentina) | |
|---|---|
| Campo | Archivística, Administración de justicia |
| Competencias | Custodia, organización y acceso a expedientes judiciales |
| Dependencia | Poder Judicial de la Nación |
| Nivel administrativo | Nacional o provincial |
| Formación | Archivística, Documentación, Derecho |
| Marco legal | Ley 15.930 (creación del Archivo General de la Nación), normas del Poder Judicial |
El archivero judicial en Argentina es el profesional encargado de la gestión, conservación y acceso a los documentos producidos por los tribunales y juzgados del Poder Judicial argentino y por las cortes provinciales. Su labor garantiza la preservación de los expedientes judiciales, la trazabilidad de las actuaciones y el cumplimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública.
Historia
Los archivos judiciales en Argentina se remontan al período colonial, cuando los tribunales del Cabildo y las Audiencias Reales conservaban los expedientes en dependencias del archivo general de cada ciudad. Con la organización del Estado nacional en el siglo XIX, la creación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1863) y la instalación de juzgados federales en las provincias, surgió la necesidad de establecer archivos judiciales permanentes para la custodia de causas concluidas.
Durante el siglo XX, los archivos del Poder Judicial se institucionalizaron, integrándose en la red de archivos estatales bajo la supervisión del Archivo General de la Nación y las secretarías de superintendencia de la Corte Suprema. En las décadas de 1990 y 2000 comenzaron los procesos de modernización y digitalización de expedientes judiciales, incorporando criterios técnicos de archivística y gestión documental.
Marco legal
El marco normativo que regula la labor del archivero judicial en Argentina se basa en:
- La Ley 15.930 (1956), que crea el Archivo General de la Nación y establece las normas generales de conservación de documentos públicos.
- La Ley 26.685 (2011), que reconoce la validez jurídica del documento digital y la firma electrónica.
- Reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Poderes judiciales provinciales que determinan los procedimientos de archivo, préstamo, transferencia y eliminación de expedientes.
- Disposiciones de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública y de la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales, que establecen límites y condiciones para el acceso a documentación judicial.
Estructura del sistema archivístico judicial
El sistema de archivos judiciales en Argentina se organiza en tres niveles:
- Archivos de gestión: ubicados en los propios juzgados o fiscalías, donde se conservan expedientes activos.
- Archivos centrales o intermedios: reciben los expedientes concluidos y administran su préstamo y eliminación según plazos legales.
- Archivos históricos judiciales: conservan causas de valor histórico o documental. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas provincias, están integrados al Archivo General de la Nación o a archivos históricos provinciales.
Cada corte provincial posee autonomía para definir la estructura y procedimientos de sus archivos judiciales, aunque todas siguen lineamientos comunes de descripción y clasificación documental.
Funciones
Las funciones principales del archivero judicial en Argentina incluyen:
- Clasificar, describir y conservar los expedientes judiciales finalizados.
- Elaborar inventarios, índices y guías de archivo.
- Controlar el préstamo y la devolución de causas.
- Aplicar las normas de eliminación y transferencia documental establecidas por la Corte Suprema o los superiores tribunales provinciales.
- Colaborar en proyectos de digitalización de expedientes y administración electrónica de justicia.
- Asesorar sobre conservación preventiva y gestión documental en sedes judiciales.
Formación y perfiles profesionales
El cargo de archivero judicial puede ser ocupado por técnicos o licenciados en Archivología o Ciencias de la Información, formados en universidades o institutos especializados, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad Nacional de La Plata. También existen empleados administrativos del Poder Judicial que desempeñan funciones archivísticas tras recibir formación específica en organización de archivos.
Digitalización y modernización
En las últimas décadas, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema han impulsado políticas de digitalización de expedientes judiciales y tramitación electrónica. El sistema de **expediente digital** se ha ido implementando progresivamente, lo que ha modificado las funciones del archivero judicial, que ahora debe gestionar tanto documentación física como electrónica.
La transición hacia la justicia digital plantea nuevos desafíos en materia de preservación, autenticidad y acceso a largo plazo, especialmente ante la coexistencia de soportes mixtos (papel y electrónico).
Véase también
- Archivero judicial (Chile)
- Archivero judicial (España)
- Archivero judicial (México)
- Archivo General de la Nación (Argentina)
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina)
- Archivística
- Gestión documental
- Justicia digital
Referencias
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (ed.). «Archivo General de la Nación». Consultado el 26 de octubre de 2025.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (ed.). «Corte Suprema de Justicia de la Nación». Consultado el 26 de octubre de 2025.
- De Giusti, María Fernanda (2018). Gestión documental en el Poder Judicial. UNLP. ISBN 9789503416405
|isbn=incorrecto (ayuda).
