Esterilización de mujeres latinas en Estados Unidos

De Hispanopedia

La esterilización de mujeres latinas en Estados Unidos se ha practicado sobre mujeres de diversos orígenes hispanoamericanos, incluidas las de Puerto Rico[1] y México.[2] Existe una importante trayectoria de prácticas de esterilización realizadas de forma involuntaria,[3] mediante coacción o de manera forzada,[4] así como a través de mecanismos más sutiles, como la limitación de las opciones reproductivas.[5]

La esterilización forzosa fue autorizada por varios estados de Estados Unidos en distintos periodos del siglo XX. Problemas relacionados con prácticas de esterilización bajo custodia estatal o en contextos de fuerte desigualdad institucional persistieron hasta septiembre de 2020.[6] Diversos estudios vinculan estas prácticas con las teorías de eugenesia racial, que gozaron de amplia influencia en Estados Unidos desde finales del siglo XIX.[3]

Antecedentes

Movimiento eugenésico

El movimiento eugenésico evolucionó con el tiempo hacia lo que se ha denominado neoeugenesia. Esta corriente promovía la reproducción de personas consideradas portadoras de rasgos «deseables», con el objetivo de mejorar el acervo genético de la población, y desalentaba la reproducción de aquellas consideradas portadoras de rasgos «indeseables». Tales categorías se vinculaban con la llamada aptitud reproductiva e incluían factores como la raza y la etnia.[7]

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la inmigración hacia Estados Unidos aumentó de forma considerable, al igual que la natalidad en algunas comunidades inmigrantes. Entre los defensores de la eugenesia surgió el temor de que los estadounidenses considerados «nativos», o aquellos a quienes atribuían una mayor aptitud reproductiva, fueran superados numéricamente por inmigrantes a quienes consideraban menos aptos.[7] Estas ideas se difundieron ampliamente y contribuyeron a justificar políticas de control reproductivo dirigidas de manera desproporcionada contra minorías raciales y étnicas, entre ellas mujeres latinas.

En California, el movimiento favorable a la esterilización de mujeres latinas se articuló en torno a varias iniciativas legislativas e institucionales, entre ellas la Fundación para el Mejoramiento Humano, la Ley de esterilización de California de 1909 y la Ley de inmigración de 1924. Estas medidas y organizaciones proporcionaron un marco legal, médico e ideológico que legitimó la esterilización con fines eugenésicos y la presentó como una herramienta de salud pública y de control social.

Fundación para el Mejoramiento Humano

La Fundación para el Mejoramiento Humano [Human Betterment Foundation] operó en California entre 1929 y 1942. Su objetivo principal era promover las esterilizaciones eugenésicas mediante investigaciones y campañas destinadas a demostrar su supuesta utilidad social. Los resultados de esos estudios se difundían a través de folletos, publicaciones y materiales dirigidos tanto al público general como a profesionales del ámbito médico.

En su propaganda, la organización sostenía que las familias dependientes de la asistencia pública o de la caridad consumían aproximadamente un 50 % más de recursos públicos que aquellas que se mantenían por sí mismas.[8] También afirmaba que el número de familias cuyos hijos acababan en instituciones correccionales aumentaba de forma exponencial y que el crecimiento de la infancia pobre incrementaba la carga fiscal y la delincuencia.[9]

Estas ideas se inscribían dentro de una lógica eugenésica que clasificaba a determinados grupos como «indeseables». En ese marco, los inmigrantes con discapacidades mentales o con bajo nivel intelectual eran objeto de particular vigilancia. Una encuesta elaborada por la Junta Estatal de Caridades y Correccionales de California afirmaba que los hispanos con baja inteligencia o con problemas de salud mental pertenecían a esa categoría.[10]

Investigaciones posteriores han señalado que las mujeres latinas fueron esterilizadas en proporciones superiores a las de las mujeres anglosajonas. Aunque la magnitud exacta de esta desproporción no se ha podido establecer con total precisión, los datos de formularios de esterilización sugieren que el 88 % de los californianos con apellidos españoles eran de origen o ascendencia mexicana. Asimismo, los registros de pacientes institucionalizados entre 1920 y 1945 muestran que los hispanos tenían mayor probabilidad de ser esterilizados que los hombres no hispanos, y que las mujeres latinas fueron esterilizadas con mayor frecuencia que las mujeres no latinas.[3]

Ley de esterilización de California de 1909

La Ley de esterilización de California de 1909 autorizaba a determinados profesionales médicos a practicar procedimientos de esterilización en hombres y mujeres considerados «débiles mentales». La ley se basaba en la idea de que determinadas condiciones —como enfermedades mentales, bajo coeficiente intelectual o falta de inteligencia— podían transmitirse a las generaciones futuras.[3]

Una encuesta sobre las llamadas «desviaciones mentales», realizada en prisiones, escuelas públicas y orfanatos de California, fue utilizada para reforzar la supuesta relación entre debilidad mental y delincuencia. El estudio afirmaba que California había atraído a una proporción considerable de inmigrantes considerados «indeseables» y recomendaba la esterilización como medida preventiva.[10]

Investigaciones posteriores han señalado que la aplicación de estas políticas fue desproporcionada y afectó en mayor medida a minorías raciales y étnicas, así como a personas de clases sociales bajas y a mujeres.[9] Otros estudios sostienen que las mujeres latinas fueron esterilizadas con mayor frecuencia que las mujeres blancas, basándose en el análisis de los apellidos registrados en los formularios de esterilización conservados.[3]

Ley de inmigración de 1924

Las leyes contra el mestizaje, junto con la Ley de Inmigración de 1924, contribuyeron al desarrollo de un fuerte clima antiinmigrante en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. En ese periodo, el país manifestaba una creciente preocupación por el aumento de la inmigración. Como parte de las medidas adoptadas, se creó la primera patrulla fronteriza federal y se establecieron restricciones al número de inmigrantes procedentes del sur y el este de Europa.[9]

En ese contexto, los inmigrantes y ciudadanos de origen mexicano fueron presentados con frecuencia como un problema social. El discurso eugenésico de la época los describía como «hiperfértiles» y difundía teorías que los situaban en un supuesto nivel racial inferior. Estas ideas contribuyeron a legitimar políticas encaminadas a limitar su reproducción. Para la primera mitad del siglo XX, cerca de 60 000 personas habían sido esterilizadas en el marco de distintos programas eugenésicos aplicados en Estados Unidos.[11]

Aplicación de las políticas

Esterilizaciones de mujeres latinas

Mujeres puertorriqueñas

Tras la incorporación de Puerto Rico al dominio estadounidense en 1898, las autoridades coloniales y diversos sectores políticos y médicos comenzaron a presentar el crecimiento demográfico de la isla como un problema económico y social. En ese contexto, la esterilización y otros métodos anticonceptivos fueron promovidos como instrumentos de control de la pobreza y de la población.[12] Muchas mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas entre las décadas de 1930 y 1970.[13]

En Puerto Rico, la esterilización se consolidó durante décadas como uno de los métodos anticonceptivos más promovidos. En 1947, el 7 % de las madres de entre 20 y 49 años se habían sometido a una ligadura de trompas; en 1954 esa cifra había aumentado al 16 %, y para 1965 superaba el 34 % en ese mismo grupo de edad.[12] La esterilización fue legitimada por discursos sobre la superpoblación, la pobreza y la modernización económica de la isla.[14][12]

Las preocupaciones por la población se intensificaron en un contexto de deterioro económico, desempleo, crisis agrícola y problemas de salud pública. Durante las primeras décadas del siglo XX, Puerto Rico sufrió una fuerte dependencia de la producción azucarera, el impacto del huracán San Felipe II de 1928 y elevadas tasas de enfermedades como tuberculosis, malaria, gastroenteritis y anquilostomiasis.[15][16] En ese marco, numerosos responsables políticos, empresarios y profesionales sanitarios identificaron la superpoblación como causa principal de los problemas sociales de la isla.[15]

La Operación Manos a la Obra de 1948 reforzó esta orientación. El programa impulsó la industrialización mediante la atracción de capital estadounidense y el uso de mano de obra barata, al tiempo que el control de la natalidad y la reducción de la fecundidad se integraban en la visión oficial del desarrollo económico.[12][16]

En 1937, la Ley 116 legalizó la esterilización en Puerto Rico.[17] La ley creó una Junta de Eugenesia encargada de revisar y autorizar esterilizaciones entre personas consideradas «dementes», «débiles mentales», «enfermas» o «dependientes».[18] La legislación se legitimó por la idea de que la eugenesia y el control demográfico podían favorecer la recuperación económica y la modernización de la isla.[17][19]

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer ha definido las esterilizaciones forzadas como un método de control médico de la fertilidad sin consentimiento. Otras fuentes incluyen también los casos en los que la paciente ignora que está siendo esterilizada o es engañada o coaccionada para consentir el procedimiento.[18] En Puerto Rico, muchas mujeres recibieron información inexacta, se enfrentaron a barreras lingüísticas o fueron presionadas por su situación laboral o económica al tomar decisiones reproductivas.[18][12]

La falta de materiales educativos adecuados contribuyó además a numerosos malentendidos sobre la ligadura de trompas. Un estudio de 1968 informó de que más de un tercio de las mujeres puertorriqueñas desconocían que el procedimiento era permanente e irreversible.[20] Algunas mujeres denunciaron además presiones en hospitales y amenazas relacionadas con la asistencia social o con la atención al parto.[17][14]

Puerto Rico también fue un importante escenario de experimentación anticonceptiva. En 1955 comenzaron en la isla ensayos clínicos para píldoras anticonceptivas, especialmente en áreas pobres de San Juan.[21] Investigaciones posteriores señalaron que mujeres de bajos ingresos fueron utilizadas en pruebas con Enovid, DIU, Depo-Provera y otros métodos anticonceptivos en condiciones de información insuficiente y con escasa protección institucional.[21][16]

Mujeres mexicanas

La inmigración mexicana a Estados Unidos fue objeto de fuertes prejuicios raciales y culturales a comienzos del siglo XX. En el discurso eugenésico, la supuesta dificultad de adaptación de los mexicanos y mexicoamericanos a la sociedad estadounidense se interpretaba en ocasiones como señal de inferioridad mental o social. Estas ideas contribuyeron a la aprobación y aplicación de políticas eugenésicas dirigidas de manera desproporcionada contra mujeres mexicanas y mexicoamericanas.[22]

Desde 1909, las mujeres de ascendencia mexicana fueron objeto del movimiento eugenésico en California. Mujeres de distintas edades fueron esterilizadas en hospitales, instituciones psiquiátricas y centros penitenciarios, aunque las más jóvenes resultaron especialmente afectadas. La Colonia del Pacífico, posteriormente conocida como Centro de Desarrollo Lanterman, acogió a muchas jóvenes y las clasificó como deficientes mentales o delincuentes sexuales, lo que facilitó su esterilización a partir de 1944.[23]

En Los Ángeles, entre 1969 y 1973, mujeres mexicanas y chicanas fueron sometidas de manera desproporcionada a esterilizaciones involuntarias en el Hospital del Condado de Los Ángeles-USC. Varias de ellas participarían después en la demanda colectiva Madrigal contra Quilligan.

Estas mujeres fueron estereotipadas como «hiperfértiles» y como desconocedoras de los métodos anticonceptivos. En el Hospital del Condado de Los Ángeles-USC, la esterilización fue justificada en ocasiones como un medio para controlar la natalidad entre mujeres pobres y de origen mexicano. En 1998, un análisis de nacimientos hispanos en Estados Unidos señaló que las mujeres de origen mexicano presentaban las tasas de parto más altas entre los distintos grupos hispanos; ese tipo de datos fue utilizado por campañas como «Save Our State» para promover discursos de control reproductivo dirigidos específicamente contra ellas.[24]

En 1973, una investigación impulsada por grupos de derechos civiles y por activistas contra el abuso de la esterilización, a raíz del caso de Mary Alice y Minnie Lee Relf, reveló que 16 000 mujeres y 8 000 hombres habían sido esterilizados con fondos federales en 1972, y que más de trescientas de esas personas eran menores de 21 años.[1] Tras estas revelaciones, mujeres mexicoamericanas comenzaron a presentar demandas por las esterilizaciones sufridas durante el parto.

En 1979 se propuso en la legislatura de California un proyecto para derogar las leyes eugenésicas que habían legalizado la esterilización. Para entonces se había denunciado que muchas mujeres habían sido sometidas a ligaduras de trompas inmediatamente después del parto mediante programas financiados con fondos federales vinculados a la lucha contra la pobreza iniciada durante la presidencia de Lyndon B. Johnson.[25]

Muchas de estas esterilizaciones se realizaron sin consentimiento válido. En algunos casos, las pacientes firmaban documentos en inglés que no podían leer; en otros, se les decía que la intervención era reversible o necesaria para conservar determinadas prestaciones sociales.[7] La esterilización posparto, mediante ligadura de trompas o histerectomía, se convirtió en una práctica denunciada por numerosas mujeres mexicoamericanas durante las décadas de 1960 y 1970.

Casos y controversias

California

Estados de Estados Unidos en los que existieron programas de esterilización.

En algunos estados, los programas de esterilización involuntaria fueron apoyados y financiados por las autoridades públicas. En California, la justificación inicial fue principalmente eugenésica, aunque con el tiempo se combinó con argumentos relativos a la superpoblación y a la dependencia de la asistencia social.[26]

California aprobó la tercera ley de esterilización de Estados Unidos y fue el estado que más procedimientos realizó durante la era eugenésica. Tras la sentencia de la Corte Suprema en Buck contra Bell (1927), que confirmó la constitucionalidad de la esterilización obligatoria en Virginia, el número de procedimientos aumentó notablemente. Según los datos disponibles, California llevó a cabo aproximadamente un tercio de todas las esterilizaciones oficialmente registradas en Estados Unidos entre 1910 y 1960.[25]

Entre 1920 y 1945 se recomendó la esterilización de más de 17 000 personas en California. Durante ese periodo, las latinas tenían un 59 % más de probabilidad de ser esterilizadas que las no latinas.[3] La retórica eugenésica presentaba a los hispanos como no aptos, «hiperfértiles» o inclinados a la delincuencia y a la debilidad mental, en un contexto de segregación y sentimiento antimexicano.[3]

Las esterilizaciones forzadas comenzaron legalmente en 1909 y continuaron hasta que la ley fue anulada en 1979. Antes de esa derogación, más de 20 000 personas, entre ellas adolescentes, habían sido esterilizadas en instituciones estatales.[27]

Un caso representativo de la pervivencia de lógicas eugenésicas y neoeugenésicas en California fue el de Nancy Hernandez en 1966. Madre de dos hijos y residente en Santa Bárbara (California), Nancy fue informada por el juez Kearney de que, si quería obtener la libertad condicional tras declararse culpable en un caso relacionado con drogas, debía someterse a esterilización. Hernandez rechazó el procedimiento y fue condenada a tres meses de cárcel. El caso fue objeto de un recurso de hábeas corpus y suscitó una amplia polémica nacional, pues muchos observadores consideraron que la esterilización no guardaba relación con el delito cometido ni con su capacidad para ejercer la maternidad.[28][29]

Los Ángeles y Madrigal contra Quilligan

En Los Ángeles, cientos de mujeres mexicanas fueron esterilizadas tras dar a luz en el Hospital del Condado de Los Ángeles-USC. Muchas de estas experiencias quedaron recogidas posteriormente en el documental No más bebés, en el que varias afectadas relataron que nunca desearon someterse al procedimiento.[30]

Una de las afectadas fue Guadalupe Acosta, mujer mexicana residente en Los Ángeles, a quien se practicó una ligadura de trompas después del nacimiento de un hijo con daño cerebral que no sobrevivió. El médico afirmó que su marido había consentido la intervención, extremo que este negó después.[31][32]

Otra de las demandantes fue Jovita Rivera. El 12 de octubre de 1973 acudió al hospital USC-LA para dar a luz a su segundo hijo. Según su testimonio, se le proporcionó información incorrecta sobre el riesgo de un nuevo embarazo y sobre la posibilidad de revertir la ligadura de trompas, mientras se encontraba con dolores de parto y bajo medicación. Rivera declaró que el personal médico le dijo que ya tenía demasiados hijos, que era pobre y que suponía una carga para el gobierno.[33]

Estas y otras mujeres participaron en la demanda colectiva federal Madrigal contra Quilligan (1978). En la década de 1970, un grupo de mujeres chicanas demandó a un hospital del condado de Los Ángeles por esterilizaciones realizadas sin un consentimiento informado adecuado. Varias demandantes afirmaron haber recibido información falsa, haber firmado documentos bajo sedación o presión, o haber sido inducidas a aceptar la intervención con el argumento de que sus futuros hijos serían una carga para los contribuyentes.[34]

El juez Jesse Curtis Jr. falló a favor del hospital. En su sentencia sostuvo que la causa principal del caso había sido la falta de comunicación entre médicos y pacientes, y no una actuación maliciosa deliberada. No obstante, el proceso tuvo importantes consecuencias: tras el caso se exigieron formularios de consentimiento en inglés y en español, explicaciones más claras de los procedimientos y un período de espera de setenta y dos horas antes de una esterilización.[34][35]

El documental No más bebés (2015) reabrió el interés público por este episodio al reconstruir las historias de varias mujeres chicanas esterilizadas en el Centro Médico del Condado de Los Ángeles-USC durante la década de 1970. La película subraya los problemas de barreras lingüísticas, consentimiento defectuoso y decisiones médicas tomadas en condiciones de gran vulnerabilidad para las pacientes.[35][36]

Debate sobre derechos reproductivos y movimiento chicano

Las esterilizaciones forzadas de mujeres chicanas y mexicoamericanas también suscitaron tensiones con otros movimientos sociales de las décadas de 1960 y 1970. Algunas autoras han señalado que muchas chicanas se sintieron marginadas tanto por sectores del feminismo blanco, centrados en la disponibilidad inmediata de la esterilización y del aborto, como por sectores del movimiento chicano, donde sus experiencias no siempre recibieron apoyo suficiente.[35]

La ausencia de períodos de espera y de un consentimiento lingüísticamente accesible colocó a numerosas mujeres no blancas en situación de riesgo de esterilización forzada en el contexto posparto.[37] En este sentido, las experiencias de mujeres como María Hurtado, Consuelo Hermosillo o María Figueroa han sido utilizadas para mostrar los límites del carácter inclusivo que reivindicaban algunos movimientos de la época.

Otros estados y desarrollos posteriores

En Texas, distintos estudios han mostrado que las mujeres latinas de bajos ingresos dependían más de la esterilización que otros grupos y que sus decisiones estaban fuertemente condicionadas por factores económicos, de salud y de acceso desigual a otros métodos anticonceptivos.[38]

En Georgia, en septiembre de 2020, se presentaron denuncias de informantes sobre la frecuencia con la que se realizaban histerectomías a mujeres inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el ICDC. Las denuncias incluían testimonios de mujeres que afirmaban no haber comprendido por qué se les había practicado una histerectomía y describían errores de comunicación que podían haber dado lugar a intervenciones no necesarias.[6]

Buck contra Bell (1927)

El caso Buck contra Bell fue decisivo para la consolidación jurídica de la esterilización obligatoria en Estados Unidos. Carrie Buck, joven internada en Virginia tras haber sido violada por un familiar de sus padres adoptivos, fue declarada no apta por el Dr. Albert Sidney Priddy y propuesta para esterilización. La Corte Suprema votó 8-1 a favor de la constitucionalidad de la ley de esterilización obligatoria de Virginia de 1924.[39]

La sentencia legitimó la idea de que la esterilización involuntaria no constituía un castigo cruel ni inusual y que podía justificarse en nombre del bien común. Tras este fallo, los procedimientos de esterilización aumentaron notablemente en todo el país.[39]

Reparaciones en California

En 1979 la esterilización eugenésica fue abolida en California.[25] Se estima que, en total, aproximadamente 20 000 personas fueron esterilizadas bajo programas estatales en ese estado.[40]

El presupuesto estatal de 2021-2022 incluyó 7,5 millones de dólares para el Programa de Compensación por Esterilización Forzada o Involuntaria de California.[41] El programa, administrado por la Junta de Compensación de Víctimas de California, comenzó el 1 de enero de 2022 y estaba dirigido a sobrevivientes de esterilizaciones patrocinadas por el estado entre 1909 y 1979, así como a sobrevivientes de esterilizaciones involuntarias en prisiones de mujeres con posterioridad a 1979.[42][43]

Según estimaciones de investigadores, cientos de californianos podían seguir vivos y potencialmente optar a la compensación antes de la fecha límite de diciembre de 2023. Sin embargo, a comienzos de septiembre de 2023 se informó de que solo 101 solicitudes habían sido aprobadas, siete habían sido cerradas por estar incompletas y 339 habían sido denegadas.[44]

Véase también

Referencias

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  43. ↑ «Survivors». Sterilization and Social Justice Lab. Consultado el 6 de marzo de 2026. 
  44. ↑ «California promised reparations to survivors of forced sterilization. Few people have gotten them». The 19th (en English). 5 de septiembre de 2023. 
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