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Presidencia de Carlos Menem
| Presidencia de Carlos Menem | |||||
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Archivo:Alfonsín pasa el mando a Menem.jpg Carlos Menem recibe el bastón presidencial de manos de Raúl Alfonsín. | |||||
| Información general | |||||
| Ámbito | Argentina | ||||
| Presidente de la Nación Argentina | Carlos Menem | ||||
| Formación | 1989 | ||||
| Disolución | 1999 | ||||
| Composición del gabinete | |||||
| Partido (s) | Partido Justicialista | ||||
| Elección | |||||
| Elección |
Elecciones presidenciales de 1989 Elecciones presidenciales de 1995 (reelección) | ||||
| Periodo | 8 de julio de 1989-10 de diciembre de 1999 | ||||
| Situación en el poder legislativo | |||||
| Sucesión | |||||
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La Presidencia de Carlos Menem fue un período comprendido entre el 8 de julio de 1989, fecha de asunción presidencial, y el 10 de diciembre de 1999, fecha en que terminó su segundo mandato y asumió su sucesor Fernando de la Rúa.
Ganó las elecciones de 1989 en primera vuelta con el 48,51 % de los votos y fue reelecto en las elecciones de 1995, con el 49,95 % de los votos.
Política económica
| Año[1] | Crecimiento del PIB |
|---|---|
| 1989 |  −7 %
|
| 1990 | −1,3 %
|
| 1991 |  10,5 %
|
| 1992 | 10,2 %
|
| 1993 | 6,3 %
|
| 1994 | 5,8 %
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| 1995 | −2,8 %
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| 1996 | 4 %
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| 1997 | 8,1 %
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| 1998 | 3,8 %
|
| 1999 | −3.4 %
|
El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación y en una profunda recesión. En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina desde los últimos años de Alfonsín, Menem se reunió en mayo de 1989 con el directorio del económico, Bunge y Born, a pocos días de haber ganado las elecciones. Miguel Ángel Roig fue nombrado Ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado "Plan BB". Ante el súbito fallecimiento de Roig, Carlos Menem nombró como sucesor al vicepresidente de Bunge & Born, Néstor Rapanelli. El gobierno adoptó parcialmente los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas liberales: se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, se estableció la libertad de precios y se produjo la privatización de numerosas empresas estatales.
Con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, fue autorizado a privatizar varias empresas estatales. Las primeras privatizaciones fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las privatizaciones se realizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno.
En manos privadas, el servicio de telefonía en Argentina se modernizó, haciéndose mucho más fácil obtener una línea de teléfono que en los 80 podía alcanzar listas de espera de hasta 3 años. [3]
Tras la privatización la cantidad de líneas aumentó un 113 % (entre 1990 y 1999)[2] a tal punto que debió modificarse el Plan de Numeración Nacional, para afrontar la alta demanda de nuevos números y características por zona.
Se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, YPF y Gas del Estado. Archivo:Menem.reforma.ogv
Los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y en diciembre de 1989, se produjo una segunda hiperinflación. En reemplazo de Rapanelli asumió como Ministro de Economía Erman González, quien impulsó el Plan Bonex (abreviación de BONos EXternos), que consistió en la confiscación de los depósitos a plazo fijo y un cambio de los mismos por bonos de largo plazo en dólares.[cita requerida] Así mismo, restringió fuertemente la emisión monetaria y redujo el gasto social. Este plan agravó la recesión económica, pero sirvió para reducir la inflación. Se produjo el cierre de unidades productivas que, en algunas ramas de la actividad, como la textil, fueron masivas, con la subsecuente pérdida de puestos de trabajo.[4] Logró reducir la inflación que terminó en 1990 en 2314 % anual. La inflación disminuyó hasta llegar a valores cercanos al 5 % mensual en el último trimestre del año. La balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones solo fueron un tercio de aquellas. Para 1991 se llevó a delante la eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada.
En enero de 1991 renuncia Erman González y Menem designa como ministro de economía a Domingo Cavallo, quien estableció la Ley de Convertibilidad. Este esquema incluyó la creación de un nuevo signo monetario: el peso convertible, que comenzó a circular en el país desde el 1 de enero de 1992, y reemplazó a la entonces vigente moneda nacional, el austral, con una equivalencia de 1 peso a 10 000 australes. Bajo este sistema, el Banco Central estaba obligado a respaldar con sus reservas una relación de cambio en la que un dólar valía lo mismo que un peso; de esta forma, se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. La aplicación del régimen de convertibilidad se prolongó hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002.
En los servicios públicos, las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunos rubros (electricidad y telefonía, entre otros)el número de usuarios con agua potable y cloacas decrecía mientras que luego de la privatización el número incrementó velozmente.[5] mientras que en otros el impacto fue negativo, como en los transportes ferroviarios, este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la posterior devaluación de la moneda desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, el posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios.
Todas estas medidas en su conjunto lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad económica lograda durante el primer mandato de Menem lo impulsaron a su reelección en 1995 con casi el 50 % de los votos. La mejora fiscal sirvió para lograr el acuerdo del plan Brady (con los acreedores externos). El PBI aumentó un 50 % en 10 años y llegó a 288 194 millones de dólares en 1998. Producto de políticas macroeconómicas consistentes desde el primer trimestre de 1990; sobre 39 trimestres 30 mostraron expansión económica, revirtiendo la historia de los 15 años previos de estancamiento.[6] Tras la salida de Cavallo, y el ingreso de Roque Fernández, se redujo el déficit fiscal llagando al equilibrio presupuestario para 1995 del orden de un superávit del 0,3 % del PBI, manteniéndose en números positivos hasta 1998.[7]
| Año | Salario real (base 1970=100) |
Desempleo | Trabajo no registrado |
|---|---|---|---|
| 1989 | 64.86 | 7.1 | 32.5 |
| 1990 | 77 | 6.3 | 28.3 |
| 1991 | 80 | 6 | 30.6 |
| 1992 | 84 | 7 | 30.2 |
| 1993 | 89 | 9.3 | 31.4 |
| 1994 | 90.18 | 12.1 | 28.6 |
| 1995 | 83.51 | 16.6 | 32.2 |
| 1996 | 79 | 17.3 | 34.6 |
| 1997 | 78 | 13.7 | 36.3 |
| 1998 | 80 | 12.4 | 37.1 |
| 1999 | 78 | 13.8 | 37.6 |
Sin embargo, el crecimiento económico estuvo caracterizado por el incremento del sector de servicios y agropecuario. Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 % y 8,6 % de la población económicamente activa, respectivamente) en mayo de 1989. Luego de un período de lenta disminución (6,9 % y 8,3 % en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 % y 11,3 % en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4 % y 13,6 % en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 % y 14,3 %.
Hacia 1997 y 1998 la pobreza había afectado a más del 36 % de la población (13,4 millones de personas, se encontraban bajo la línea de pobreza). En tanto que el 8,6 % (3,2 millones de personas) vivían en la indigencia. En las regiones del noroeste, nordeste y Cuyo la pobreza superaba el 50 % de la población y la indigencia rozaba el 20 %.[9]
Entre fin de 1989 y 1995 la deuda pública neta del Estado Nacional bajó 3765 millones de USD, de 96 472 millones a 92 707 millones,[10] pero esta tendencia se revirtió al final de su mandato cuando la deuda externa aumentó[10] hasta 145 USD 000 millones en el 2000.[11]Plan BB
Plan Bonex
Privatizaciones de empresas estatales
La privatización de Entel fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi y conducido por la ministra de la UCD María Julia Alsogaray quién sería condenada a cuatro años de prisión por fraude a la administración pública.[12] Se destacó por el incremento del valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112 %, elevándose a más del 300 % a fines del mismo mes.[13] El valor de ENTel fue fijado en USD 1.672 millones, cuando según estimaciones, su valor real de los activos duplicaba esa suma.[14] A Entel le siguió la privatización de Aerolíneas Argentinas, la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy TV Pública), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE, la Casa de la Moneda, etc.[15] que condujeron a numerosas críticas y denuncias de irregularidades. Las reformas que permitieron la exportación sin gravámenes ni restricciones, sumado al corrimiento de la frontera tecnológica y concesiones al capital privado en yacimientos no explotados, tuvieron efectos positivos para la exportación de petróleo, que pasó de 26,7 millones de m3 extraídos en 1989 a 49,1 millones de m3 en 1998, un 84% de aumento en una década. Las exportaciones de crudo pasaron del 2,6% de la producción total al 39% en 1998.[16]
Una de las áreas donde las privatizaciones tuvieron un impacto positivo fueron las telecomunicaciones que experimentaron un proceso de modernización. A fines de los 80 la instalación de una línea telefónica se debía esperar hasta 15 años. El desorden administrativo llegó ser de tal magnitud que a fines de 1984 estaban instaladas 2.582.103 líneas, pero 252.992 estaban muertas y no funcionaban, existían 1.161.140 solicitudes de instalación que inútilmente esperaban durante 15 años que se les instalara un aparato. ENTel solo tenía capacidad para instalar 77.400 líneas por año. El sistema telefónico colapsó a fines de los ´80 y se hizonecesario proceder a una privatización. Las compañías licenciatarias procedieron a instalar nuevos cables de fibra óptica, digitalizaron las líneas telefónicas e instalaron centrales automáticas de última generación. Con ello fue posible pasar de un período de instalación de 15 años a 24 o 48 horas en la mayoría de los casos. Se incorporó el servicio celular y el acceso a Internet.[17]
La privatización de las empresas proveedores de servicios de agua y cloacas habría reducido la mortalidad infantil en aproximadamente un 8%.[18] Dicha reducción de la mortalidad infantil habría sido del 26% en las áreas más pobres donde la red de servicios de agua potable y cloacas más se extendió. Esto surge de un estudio que compara municipios que privatizaron sus servicios de agua y cloacas con aquellos que no lo hicieron usando la técnica estadística de diferencias en diferencias. Aquellos municipios que privatizaron sus servicios tuvieron un rápida reducción de la mortalidad infantil luego de la privatización en comparación con municipios que no privatizaron. La mortandad infantil se ve fuertemente afectada por la calidad de los servicios de agua y cloacas debido a que los niños tienen gran exposición al agua y menor conocimiento sobre cómo usarla de forma higiénica. De hecho, durante los ´90s en Argentina, la diarrea, septicemia e infecciones gastrointestinales eran 3 de las 10 causas más frecuentes de muerte en niños menores de 5 años.[19]
Empresas privatizadas o concesionadas
Gestión de Domingo Cavallo
Para lograr la estabilidad el Gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2314 % en 1990.[20]
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Según Domingo Cavallo:
«Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja de Conversión [...]».
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2314 % en 1990 a 84 % en 1991, 17.5 % en 1992, 7.4 % en 1993, 3.9 % en 1994, 1.6 % en 1995 y 0 % en 1996.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco.[cita requerida] Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta los años ochenta existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de bienestar.[cita requerida] La tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18.4 % de la población activa desocupada, en mayo de 1995.
Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas.[21]
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que solo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mexicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17 930 millones a fines de 1994 a 12 496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3 % anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20 000 millones de dólares.
Convertibilidad
Déficit fiscal
La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, luego de un tiempo la única opción del sector público cubrir esta brecha era endeudarse en moneda extranjera, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos «distorsivos», particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.[22] Al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6.2 % al 6.4 % del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20.3 % en 1993 al 21.8 % en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1.8 % al 5.3 % del PBI entre 1993 y 2001.[23] Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el Gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del IVA (impuesto al valor agregado) del 18 al 21 % (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2 % de PBI.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.[24] La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos Gobiernos durante la primera mitad de los años noventa. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el Gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.
Primera crisis: 1995 - 1997
Segunda crisis: 1998 - 1999
Deuda externa
Plan Brady
<section begin=brady/> El plan Brady se implementó en Argentina en 1992. Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.[25] En diciembre de ese año se canjearon deudas por un total de 21 000 millones de dólares y se adicionó más de 8300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:[23] <section end=brady/>
- Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35 % y tasa flotante LIBOR de 0,8125 %. Unos 4300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2300 millones de dólares.
- Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4 % a 6 % anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12 700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
- Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125 %. Su emisión canjeó unos 8652 millones de dólares.
El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de 63 000 millones de dólares, y se refinanciaron 33 000 milones de dólares. Pero para el año 2000, la deuda ―después de costosísimos pagos―, era de 150 000 millones de dólares.Vladimir Hernández[25]
Aumento del endeudamiento
Al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87 091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90 472 millones. Ni los 23 948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.[26]
Allí participa en la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP)[27] constituido finalmente en el año 1995 por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 286/95[28] con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias.
Política educativa
Educación primaria y secundaria
En 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación,[29] que extendió la obligatoriedad de la educación a diez años[30] y reorganizó la educación secundaria mediante la creación del polimodal.[31]
Educación superior
En agosto de 1995 se promulgó la Ley de Educación Superior,[32] que mantuvo la gratuidad universitaria para las carreras de grado pero admite los aranceles para posgrados. Además crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) para la acreditación de las carreras universitarias.[33]
Durante su gestión se crearon nuevas universidades nacionales, principalmente en el área del Gran Buenos Aires: La Matanza (1989), Quilmes (1989), San Martín (1992), Gral. Sarmiento (1993), La Rioja (1993), Patagonia Austral (1994), Lanús (1995), Tres de Febrero (1995) y Villa María (1995).
Creación de la CONEAU
Política de ciencia y tecnología
Creación de la CONAE y desarrollo satelital
Creación de ANPCYT
Creación de Innova-T
Creación de SEGEMAR
Política cultural
Creación del Centro Nacional de la Música
Política de transporte
En el área de transporte la política del gobierno de Menem siguió los lineamientos de la Ley de Reforma del Estado, produciendo la privatización de las empresas estatales que operaban ferrocarriles y aerolíneas.
Privatización ferroviaria
Privatización de Aerolíneas Argentinas
Política de salud
Creación del INCUCAI
Creación de la ANMAT
Política de agricultura y ganadería
La secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estuvo ocupada durante casi toda la presidencia de Menem por Felipé Solá (1989-1991, 1993-1999). Durante su gestión se autorizó por primera vez el uso de soja transgénica, tratándose de una variedad con resistencia al herbicida glifosato.[34][35] La campaña contra la fiebre aftosa iniciada en 1989 permitió que país tuviera su último brote de la enfermedad en abril de 1994 y fuera declarado como libre de la enfermedad en 1996.[36] Al año siguiente la Argentina volvió a exportar carne fresca.[37]
Creación del SENASA
Política ambiental
Durante la presidencia de Carlos Menem se crearon seis nuevos parques nacionales: Sierra de las Quijadas (1991), Predelta (1992), Los Cardones (1996), Quebrada del Condorito (1996), Talampaya (1997) y San Guillermo (1999).
En 1996 se creó el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.[38] En 2012 fue renombrado como Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Política judicial y de derechos humanos
En materia judicial, la reforma de la Constitución en 1994 introdujo nuevas instituciones como el Consejo de la Magistratura que se encarga de la selección de jueces. Durante su gestión se amplió el número de jueces de la Corte Suprema a nueve y se nombraron un total de 10 jueces, de los cuales cuatro renunciaron antes de 1999. Cinco de los jueces nombrados conformaron lo que los medios denominaron la «Mayoría automática» que fallaba a favor del gobierno en los casos más resonantes.
En materia de derechos humanos el gobierno de Menem se promulgaron los indultos a militares involucrados en la última dictadura militar. Por pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. También se destaca la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
«Mayoría automática» en la Corte Suprema
Creación del Consejo de la Magistratura
Creación del rol de Defensor del Pueblo
Creación de la Auditoría General de la Nación
Última dictadura militar
Creación del INADI
Reforma de la Constitución de 1994
Cuando Menem anunció su propósito de hacer aprobar una ley que declarara la necesidad de convocar a una convención constituyente que modificara la Constitución Nacional y permitiera su reelección, se planteó un conflicto interpretativo respecto del artículo 30 de dicha Constitución. Menem sostenía —al igual que lo había hecho Perón en 1949— que la mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso requerida para ello debía calcularse sobre los que estuvieran presentes en la sesión, en tanto la oposición sostenía —tal como lo había hecho la Unión Cívica Radical en 1949— que se necesitaban dos tercios del número de representantes que integraba cada Cámara. El punto era crucial porque los partidarios de la reforma no alcanzaban la mayoría necesaria si se aplicaba esta última interpretación.
Menem presionó con utilizar la interpretación que lo favorecía e incluso convocó a un plebiscito no vinculante para que la ciudadanía opinara sobre la reforma, pero finalmente entró en negociaciones con el líder de la oposición radical, el expresidente Raúl Alfonsín, quien aceptó que se convocara a una Convención para la reforma de la Constitución Nacional que incluyera, además del tema de la reelección, otras cláusulas que le interesaban, tales como la elección de un tercer senador por la minoría, el establecimiento de la figura del Jefe de Gabinete y la incorporación a la Constitución de diversos convenios internacionales, entre otros puntos, todo lo cual configuró el llamado Pacto de Olivos.
Política de defensa
Fin del servicio militar obligatorio
Atentado a la embajada de Israel
Atentado a la AMIA
Política exterior
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Creación del Mercosur
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Cuestión Malvinas
Relaciones con Estados Unidos
Tratados con Chile
Venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia
Explosiones de Río Tercero
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Manifestaciones
Marcha Federal de 1994
Puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul
Casos de corrupción
Caso IBM-Banco Nación
Caso de los sobornos de Siemens AG
Swiftgate
Yomagate
Véase también
Referencias
- ↑ http://www.latdf.com.ar/2014/02/evolucion-del-pbi-de-argentina-desde.html
- ↑ 2,0 2,1 Banco Mundial.
* 1990: 9.2773752935 cada 100 habitantes.
* 1999: 19.7816114877 cada 100 habitantes. - ↑ Pierbattisti, 2006, p. 54.
- ↑ Alicia Iriarte (1998). «Período 1991 hasta el presente». Sur, menemismo y después. Ediciones del Signo. p. 104. ISBN 9789879657539.
- ↑ Galiani, Sebastian; Gertler, Paul; Schargrodsky, Ernesto (2005-02). «Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality». Journal of Political Economy 113 (1): 83-120. ISSN 0022-3808. doi:10.1086/426041. Consultado el 10 de octubre de 2020.
- ↑ https://www.lanacion.com.ar/economia/la-economia-que-queda-tras-10-anos-con-menem-nid158609
- ↑ Ajuste y reforma en Argentina (1989-1995). La economía política de las privatizaciones ANA MARGHERITIS Nuevo Hacer, Buenos Aires
- ↑ «Así evolucionó el salario, el desempleo y el trabajo no registrado desde 1983.». Chequeado. 1 de mayo de 2015.
- ↑ Maximiliano Montenegro (30 de abril de 1999). «El legado de Menem al próximo gobierno». Página/12.
- ↑ 10,0 10,1 «La deuda pública bajó 3765 USD millones». La Nación. 26 de julio de 1996.
- ↑ Cómo empezó la deuda externa en La Nación del 6/5/2001, por Jaime Poniachik
- ↑ «Caso Entel: condenaron a 4 años de prisión efectiva a María Julia Alsogaray». La Voz del Interior. 21 de abril de 2014.
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